Existen pocas dudas, creo, sobre el carácter central y paradigmático de la política educativa dentro del conjunto de las políticas del Estado del Bienestar o, más en general, de las políticas sociales del Estado. Es cierto que otros capítulos sociales del presupuesto pueden movilizar más recursos, como los subsidios para los desempleados, los servicios sanitarios o las pensiones, pero ninguno, como la educación, representa e incorpora la idea de una sociedad justa y de oportunidades igualitarias.
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